REPUDIO TOTAL A LA VIOLENCIA EJERCIDA POR EL GOBIERNO DE FACTO CONTRA DE LA POBLACIÓN EN BOLIVIA
REPUDIO TOTAL A LA VIOLENCIA EJERCIDA POR EL GOBIERNO DE FACTO CONTRA DE LA POBLACIÓN EN BOLIVIA.
La RED DE INFORMACION Y DISCUSION SOBRE ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO (RIDAP) integrada por activistas investigadores e investigadoras, docentes, estudiantes de grado y posgrado de diferentes universidades, activistas y referentes indígenas de Abya Ayala e Iberoamérica, manifestamos públicamente nuestra preocupación ante la crisis política y social que se vive en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Expresamos nuestro rotundo repudio al golpe de Estado y a la violencia, directa y estructural, ejercida por el gobierno de la autoproclamada Presidenta Jeanina Añez y sus fuerzas armadas, produciendo una militarización del país y el uso desmedido de la fuerza, afectando a los sectores sociales más vulnerables de Bolivia.
Lamentamos profundamente la polarización, división y conflicto que enfrenta la sociedad boliviana desde las elecciones presidenciales del 20 de Octubre. Ya el 31 de Octubre se contaba con 2 muertos en Santa Cruz, lo que aumentó el malestar ciudadano y el cabildo de esta ciudad. El 11 de noviembre comenzó una ola de saqueos, protestas y quema de edificios públicos. El 12 de noviembre la Senadora Jeanina Añez se autoproclamó como Presidenta de Bolivia. Desde ese entonces, la violencia y muertes en el país se han incrementado, con una escalada de hechos sangrientos y una manifestación abiertamente racista y discriminatoria instigada por propios sectores políticos. Antes los acontecimientos es innegable el contexto de represión que se vive en Bolivia, con el uso desmedido e ilegítimo de la fuerza pública, sobre todo en el Alto (La Paz), Sacaba (Cochabamba) y Yapacani (Santa Cruz).
Sentimos profundamente que la ausencia de voluntades de diálogo y negociación de las partes involucradas haya orillado a la sociedad boliviana a un conflicto que, desde sus inicios, ya cuenta con alrededor de 30 muertos, más de 700 heridos y personas arrestadas en distintos sectores del territorio nacional.
Rechazamos rotundamente las manifestaciones de racismo, xenofobia, violencia y amenazas en contra de los Pueblos Indígenas, situación que no solo ha afectado a diversas comunidades del país sino a la población en general, derivando en confrontaciones violentas y trágicas, paralelamente a actos de vandalismo y represión policial y militar. También repudiamos enfáticamente los actos de odio y discriminación contra las mujeres indígenas, campesinas y comerciantes, y sus niños, atacados en Cochabamba.
Rechazamos enérgicamente la falta de libertad de expresión y la persecución de periodistas, nacionales e internacionales, acusados de sedición por la Ministra de Comunicaciones. Asimismo, se ha producido un cerco mediático que tergiversa la información de lo que sucede en Bolivia.
Nos solidarizamos con los trabajadores, estudiantes, mujeres, movimientos campesinos e indígenas que están sufriendo la violencia de un Estado represor, que además acaba de firmar el Decreto Supremo 4078, el cual otorga mayor libertad a las fuerzas armadas para actuar sin tener que responder por sus excesos y crímenes durante los conflictos. Dicho Decreto manifiesta:
"Artículo 3: El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Artículo 11 y 12 del Código Penal Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal.
Artículo 4: Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante Decreto Supremo 27977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos, conforme a los presupuestos de la Ley 400 de 18 de septiembre de 2013 de Control de Armas de Fuego, municiones, explosivos y otros materiales”.
Cabe mencionar, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó dicho Decreto, ya que “exime de responsabilidad penal” a los militares que participan en los operativos, además de desconocer los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimular la represión violenta. Según esta Comisión, “contraviene la obligación de los estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos” (Twiter).
Repudiamos esta acción represiva del gobierno de facto de la Presidenta Añez, llamamos a la desmilitarización urgente y a la búsqueda de diálogo entre los diferentes sectores que componen la sociedad boliviana.
RED DE INFORMACION Y DISCUSION SOBRE ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO (RIDAP)
http://ridap.org/