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PRONUNCIAMIENTO- La RIDAP repudia enérgicamente la derogación de la Emergencia Territorial Indígena en Argentina

La Red de Información y Discusión en Arqueología y Patrimonio (RIDAP), integrada por investigadoras e investigadores, docentes, activistas e integrantes de comunidades indígenas, organizaciones sociales y feministas antiextractivistas, se pronuncia repudiando enérgicamente las acciones del Ejecutivo de la Nación Argentina que pusieron fin a la ley de emergencia territorial indígena.

El día 10 de diciembre de 2024, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Presidente argentino Javier Milei derogó el Decreto Nº 805 (vigente desde el 2021) que declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan los Pueblos Indígenas y sus comunidades. Dicha emergencia territorial, establecida en la Ley Nº 26.160 del año 2006, ordenaba el relevamiento técnico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y suspendía su desalojo durante el período del relevamiento. Para esto se creó el Programa Nacional RE.TE.CI. (Registro Territorial de Comunidades Indígenas), aunque hasta el momento no se ha relevado la totalidad de las comunidades indígenas existentes, por varios motivos. Por un lado, porque el auto-reconocimiento indígena en el espacio público y los reclamos de derechos territoriales comunitarios forman parte de un proceso abierto y siempre en curso, por lo que varias familias de trayectoria indígena inician sus demandas en momentos históricos diversos.  Por otro lado, varias provincias rechazaron llevar adelante los relevamientos territoriales, en especial en las zonas del país asediadas por proyectos extractivos (minería a gran escala, exploración hidro-carburífera, frontera sojera y forestal industrial, etc.). Igualmente es necesario destacar que estos relevamientos no otorgaban el título comunitario, paso fundamental para evitar la histórica vulnerabilidad en la que se han hallado los pueblos indígenas en nuestro país desde la conformación del Estado nacional.

El efectivo cumplimiento del marco legal que rige los derechos territoriales indígenas en Argentina es una materia pendiente. Se debían ampliar, incluso, las acciones del Estado para tal cumplimiento. Entre ellas, dictar una ley de propiedad comunitaria indígena y transformar la ley de emergencia territorial en una ley permanente. Sin embargo, dando un giro contrario a lo dispuesto, no sólo por la legislación nacional sino por los tratados y convenios internacionales suscritos por Argentina, el gobierno  puso fin a la ley de emergencia territorial en el momento en que ésta llega a su punto más álgido y conflictivo. Esto es así debido a la amenaza que representa la ley del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), una política expresamente diseñada para profundizar la re-primarización de la economía nacional a través de la explotación de recursos naturales del país.

En consonancia con estas acciones del Gobierno es necesario recordar que, el 11 de noviembre pasado, Argentina fue el único país de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que votó en contra de una resolución a favor de los derechos de los Pueblos Indígenas. En relación con esto y a partir del espíritu latinoamericano que asumimos como RIDAP consideramos que es importante analizar este hecho como algo no aislado y, en ese sentido, alertamos sobre la potencial adopción y reproducción de estas medidas en otras partes del territorio latinoamericano. Consideramos que esta medida tomada por el Gobierno de la República Argentina pone en grave riesgo los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, promoviendo una ola de violencia neoextractivista que podrá agudizar los conflictos en los territorios.

 

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